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Los abogados de más de 600 niños estadounidenses presentaron hoy una demanda contra el presidente de EEUU, Barack Obama, para que suspenda las deportaciones de sus padres indocumentados hasta que se apruebe una reforma migratoria.

La acción judicial fue interpuesta en el Tribunal Supremo de EEUU por Nora Sandigo, de origen nicaragüense, defensora de los menores y directora ejecutiva de la Fraternidad Americana, una organización pro inmigrantes con sede en Miami.

“Los niños siguen sufriendo al ser separados de sus padres por culpa de las deportaciones y el presidente puede suspenderlas. Para eso existen procedimientos legales”, dijo Sandigo a Efe.

Uno de los procedimientos es precisamente elevar el caso ante el máximo tribunal del país y si este lo aprueba, Obama puede pronunciarse sobre el asunto.

“Esta demanda no es porque estemos en su contra, sino para que pueda utilizar su autoridad para emitir una orden ejecutiva que frene las deportaciones”, puntualizó la activista.

Entre los menores demandantes está Cecia Sosa, de 12 años, cuya madre se encuentra en un centro de Inmigración en Pompano Beach, al norte de Miami, desde el 19 de diciembre de 2008.

Sosa anunció que está dispuesta a iniciar una huelga de hambre la próxima semana, como medida de presión para que liberen a su madre nicaragüense.

“A mí no me importa morir con tal de que saquen a mi mamá de ese centro”, afirmó.

Katherie Ramírez, de 13 años, hizo un llamamiento a Obama para que evite la fragmentación de las familias hispanas, tal como le sucedió a la suya cuando su madre fue deportada a Colombia en 2007.

“Por favor, reunifique a las familias que la ley (de Inmigración) ha separado, porque es duro que un padre no esté con uno”, declaró Ramírez.

La niña ahora está con su padre y dos hermanos y clama el regreso de su madre “para que la familia esté unida de nuevo”.

Sandigo aseguró estar esperanzada en que Obama atienda las solicitudes de los menores, ya que “viene dispuesto a hacer grandes cambios sociales” y esos cambios los quieren ver en la comunidad de inmigrantes.

Alfonso Oviedo-Reyes, presidente de la Fraternidad Americana y abogado que preparó la demanda, explicó que la deportación de los padres indocumentados implica una violación a los derechos civiles de los menores.

Antes de 1996, los menores con padres en esa situación tenían el derecho de que un tribunal suspendiera la deportación para que sus progenitores resolvieran su estatus migratorio si demostraban que estaban en el país más de siete años, tenían carácter moral y el sufrimiento de los niños por la ausencia de ellos, detalló el abogado.

“Ese derecho lo tuvieron por casi 40 años, pero con la reforma migratoria de 1996 se lo quitaron y no le dieron nada a cambio. El Congreso cerró todas las avenidas para obtener una residencia legal y por eso es que ha aumentado el número de inmigrantes indocumentados”, aseveró Oviedo-Reyes.

Pero los niños no sólo afrontan ese problema, tampoco pueden recurrir a los tribunales federales para interponer una demanda colectiva, porque los congresistas también eliminaron la jurisdicción de esas cortes en acciones judiciales conjuntas relacionadas con inmigración y la concentró en el Tribunal Supremo.

Por ello, los abogados de los demandantes han solicitado, asimismo, a esa corte que “ignore” la disposición y ordene a los tribunales federales que acepten ese tipo de demanda.

Si logran que el Supremo autorice su petición, pueden ampliar la demanda para que se sumen entre cuatro y cinco millones de menores en todo el país.

Una demanda similar fue presentada en 2007 contra el entonces presidente George W. Bush, los Departamentos de Justicia, de Seguridad Nacional y la oficina del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), pero fue rechazada por el Tribunal Supremo.

Sonia Osorio
Fuente: diario QUE de España – www.que.es

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El nuevo gobierno del presidente Barack Obama no debe postergar la reforma inmigratoria, señaló el martes en un editorial el diario New York Times.

 

El influyente matutino describió a través de relatos de inmigrantes cómo las “familias fueron aterrorizadas y divididas” por ser indocumentados, en los últimos años bajo el gobierno de George W. Bush.

 

“Familias como (éstas) han soportado una campaña inclemente de intimidación y expulsión, organizada en las altas esferas del gobierno federal y que fortuitamente ha sido delegada a los estados y a los gobiernos locales”, señaló el diario.

 

El Times se refirió a una información que público el lunes sobre el aumento del número de procesamientos por delitos de inmigración a nivel federal, que “se disparó en los últimos cinco años, sobrecargando los tribunales federales con casos menores como el cruce ilegal fronterizo, que son juzgados y sentenciados en grupos de 40 a 60 para una mayor eficiencia”.

 

Al mismo tiempo dijo que, los juicios por armas, crimen organizado, corrupción pública y drogas han descendido. El secretario de justicia de Arizona calificó la situación “como la abdicación nacional del Departamento de Justicia”.

 

A continuación destacó que la semana pasada el secretario de Justicia de Estados Unidos, Michael Mukasey, en una sorprendente decisión de último minuto, declaró que “los inmigrantes no tienen el derecho constitucional a tener un abogado en una audiencia de deportación y por lo tanto no tiene derecho de apelar sobre la base de una mala representación legal.”

 

Mukasey– agregó el diario– revirtió una práctica de varias décadas que había sido diseñada para garantizar una robusta protección constitucional a los inmigrantes, “algo que ahora se necesita más que nunca en los días del gobierno de Bush, cuando los procesamientos se manejaron como si se tratase de una fábrica”.

 

El New York Times mencionó el hecho de que la reforma inmigratoria no fue tema central de campaña del presidente electo Barack Obama en las elecciones generales. Pero agregó que Estados Unidos no puede afrontar que el hecho de que la inmigración sea postergada y que se siga con la política del actual régimen.

 

“Los costos son muy altos para los principios del país. Y son demasiado altos para la economía”, agregó.

 

Fuente: www.telemundo47.com

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Ser un inmigrante indocumentado de ninguna manera significa ser un delincuente, y esa es precisamente la noción que Elizabeth Young espera inculcar entre los habitantes de Arkansas.

 

“Estar aquí indocumentado no es un delito”, puntualiza Young. “Es un problema civil”.

 

Como directora de la nueva cátedra sobre leyes inmigratorias en la Universidad de Arkansas, pretende preparar a los estudiantes para que guíen a los clientes entre la densa maraña de las normas que rigen a quienes llegan a Estados Unidos. El nuevo curso, que comienza en los primeros días de enero, fue establecido ahora que Arkansas se ha convertido en uno de los estados con la comunidad hispana de más rápido crecimiento en el país.

 

La magnitud de la comunidad hispana ha creado para los escasos abogados de inmigración del estado una abultada e inmanejable carga de casos al aceptar gratuitamente a clientes que no pudieron recibir ayuda legal en otro lado, explicó Young.

 

El volumen de trabajo creció después de los ataques terroristas del 11 de septiembre debido a que el número anual de deportaciones se multiplicó en más de tres veces y llegó a unas 350.000.

 

Pero no todos los casos sobre la inmigración implican la deportación. Comprenden también solicitudes de asilo político y peticiones de ciudadanía de inmigrantes que se han casado con un o una estadounidense.

 

El nuevo curso abordará todos esos, dijo Young. La cátedra será impartida por cuatro estudiantes en el primer semestre con programas individuales de 25 horas a la semana. Después, participarán hasta ocho estudiantes por semestre, y algunos incluso litigarán casos ante jueces federales de inmigración.

 

La facultad de derecho de la universidad tiene varios cursos en que los estudianates trabajan con abogados defensores y fiscales. Cuando la facultad de derecho planteó la idea de abrir un curso nuevo hubo cuantiosas peticiones de alumnos para que se estudiaran las leyes de inmigración, afirmó Young.

 

La universidad contrató a Young, de 31 años, quien participó en el Curso de Inmigración de la Facultad de Derecho George Washington. Young reconoció que las leyes de inmigracion son complejas, pues en ocasiones los detenidos son identificados por números y enviados a prisiones en otros estados.

 

“Hay que sumergirse en las leyes y buscar maneras propias de salir adelante”, señaló Young.

 

La localidad de Fayetteville, donde se encuentra la universidad, está precisamente en medio de la comunidad hispana en ascenso en el estado. De acuerdo con la Oficina del Censo de Estados Unidos, Arkansas tiene más de 150.000 hispanos, muchos más que los 19.876 que vivían en el estado en 1990.

 

Fuente: www.telemundo47.com

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