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La Corte Suprema de Estados Unidos falló el miércoles que facilitará a los inmigrantes indocumentados que tratan de evitar la deportación el obtener una nueva audiencia judicial.

 

La corte falló en el caso de Jean Marc Nken, un camerunés que llegó a Estados Unidos en 2001 y no partió al expirar su visa.

 

Desde entonces, Nken ha solicitado asilo, se ha casado con una ciudadana estadounidense y tenido con ella un niño, pero las autoridades de inmigración y las cortes federales han rechazado reiteradamente sus argumentos, entre ellos que será perseguido si lo devuelven a Camerún.

 

Las cortes federales de apelación están divididas en cuanto a las pautas a aplicar en los recursos temporarios contra la deportación mientras se revisan los casos.

 

La corte federal del Cuarto Circuito con sede en Richmond, Virginia, tomó una posición intransigente ante el recurso de Nken.

 

Sin embargo, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, autor del fallo aprobado por siete a dos, desestimó la decisión de la corte de apelaciones y ordenó la revisión del caso. Los magistrados Samuel Alito y Clarence Thomas emitieron los votos disidentes.

 

Fuente: www.telemundo47.com

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El gobernador de Nueva Jersey, Jon Corzine, dio a conocer las conclusiones de una comisión sobre políticas de inmigración.

 

Paralelamente se dio a conocer el resultado de una encuesta que muestra que la mayoría de los residentes del Estado se oponen a otorgar licencias de conducir a indocumentados.

 

También hay oposición a que se cobre matrícula de residente del Estado en las universidades a los residentes indocumentados.

 

La encuesta fue realizada por la Monmouth University/Gannett y en ella un 62% de los encuestados se opuso a permitir que los residentes indocumentados del estado se les otorgaran licencias de conducir. Sólo el 33% apoyan la idea.

 

En el tema de la educación sólo el 20% apoyan el otorgarles beneficios educativos, aunque el 32% apoyan favorecer a los niños.

 

El 22% de los entrevistados se oponen totalmente a la presencia de indocumentados en las universidades.

 

La encuesta se realizó entre el 2 y el 8 de febrero entre 803 residentes adultos de Nueva Jersey, el margen de error es de más o menos 3.5.

 

Fuente: www.telemundo47.com

 

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El ser defensor de los hispanos en East Heaven, en Connecticut le costó ser arrestado al padre James Manship, quien grabó a unos policías mientras multaban a los dueños de una tienda ecuatoriana.

 

El arresto se produjo cuando el sacerdote, quien es párroco de una iglesia de la zona, llegó con su cámara después de enterarse que los oficiales arrestaron a un joven en su carro, mientras estaba estacionado al frente de la tienda.

 

Desde hace meses los hispanos de esta ciudad se quejan del acoso policial, como pedro Gutiérrez, que se está viendo afectado en su panadería por la presencia de los agentes que estacionan las patrullas cerca, como lo pudimos comprobar, lo que genera miedo.

 

Los atemorizados residentes denuncian que a tal punto ha llegado el acoso que los multan sin cometer ningún tipo de infracción y hasta los insultan racialmente.

 

El abogado de la ciudad advirtió que no existe ninguna queja sobre discriminación y que la alcaldesa está dispuesta a conversar, atribuyendo el incidente a un show del padre Manship.

 

Por estas denuncias de discriminación y acoso de la policía contra los hispanos de esta ciudad de Connecticut, ahora se siente más miedo por la distribución de volantes como uno que habla de una guerra contra los indocumentados.

 

En los próximos días se planea una reunión con la alcaldesa.

 

Fuente: www.telemundo47.com

 

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Una investigación interna realizada por el departamento de Inmigración y Aduanas y divulgada el miércoles reveló que agentes de Baltimore bajo presiones de cumplir con sus cuotas de arrestos realizaron una incursión en que detuvieron a 24 hispanos.

 

El informe fue divulgado por CASA, un grupo de defensa de los inmigrantes, en Maryland. Funcionarios del grupo dijeron que la información contradice declaraciones juradas de agentes involucrados en la incursión en el 2007 en un negocio de Seven-Eleven en la localidad de Fells Point.

 

Miembros del grupo dijeron que funcionarios de inmigración, sin causa justificable, detuvieron a hombres que aguardaban para trabajar en Seven-Eleven. Señaló que los agentes eligieron sólo a hispanos e ignoraron a otros clientes del comercio. Un vídeo de vigilancia también mostró cómo se había desarrollado el arresto.

 

“Los agentes del gobierno no deberían estar en el negocio de juzgar a la gente con base al color de su piel, su vestimenta y su empleo, que es lo que parece haber ocurrido”, dijo el miércoles el sacerdote Simon Bautista Betances, vicepresidente de la junta de directores de CASA.

 

Directivos de CASA acusaron a los agentes de inmigración de que no prestaron importancia a trabajadores negros y blancos en la tienda de 7-Eleven mientras detenían a los hispanos, e incluso cruzaron la avenida para detener a hispanos que esperaban en una parada de autobús.

 

Poco después de la redada, la senadora Barbara Mikulski pidió una investigación para determinar si los funcionarios de inmigración esteriotiparon racialmente a la gente que arrestó. Una investigación interna estableció que las acusaciones no tenían respaldo, afirmó Fobbs.

 

“Tengo confianza en que la nueva secretaria del Departamento de Seguridad Interna, Janet Napolitano, asumirá el asunto debidamente al igual que otros asuntos de inmigración”, indicó Mikulski en una declaración difundida por correo electrónico en respuesta al informe del miércoles.

 

Funcionarios de CASA dijeron que han pedido una reunión con Napolitano, a fin de discutir la política del servicio de inmigración con respecto a los presuntos indocumentados.

 

De los 24 hombres arrestados en la redada, uno probó que estaba en el país legalmente, mientras que 19 fueron deportados o regresaron voluntariamente a sus países de origen y cuatro siguen en proceso de inmigración, dijo Justin Cox, asesor legal de CASA quien representa a algunos de los arrestados.

 

Fuente: www.telemundo47.com

 

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En momentos en que las autoridades de inmigración intensifican su campaña contra los indocumentados, Shelley Schrader no se pregunta si habrá alguna redada en un sitio de trabajo cercano, sino cuándo se producirá.

 

Schrader, igual que tantos otros activistas que defienden la causa de los inmigrantes, se siente obligada a ayudar luego de una redada.

 

En su condición de directora de servicios de la comunidad de la organización Caridades Cristianas de Omaha, Schrader se pasa días buscando asistencia legal y servicios sociales para los inmigrantes. Y sabe que su trabajo aumentará significativamente si el gobierno hace nuevos arrestos masivos como los que tuvieron lugar en el 2006 en la empacadora de Grand Island.

 

¿Estaría preparada si hay una redada en gran escala mañana?

 

“No, para nada”, responde.

 

En esta era en que se hacen cumplir las leyes migratorias a rajatablas y hay clamor por que se apruebe una reforma que resuelva el problema de los indocumentados, mucha gente quiere estar preparada para hacer frente a las complejas situaciones que crean las redadas.

 

Hay una campaña nacional para ayudar a que líderes cívicos, servicios sociales y abogados coordinen sus esfuerzos. Mucha gente opina que los arrestos masivos hacen gran daño a las comunidades, a las familias e incluso a individuos que están en el país legalmente.

 

La organización Catholic Legal Immigration Network, de Washington, conocida como CLINIC, ha realizado sesiones de asesoramiento en Dallas y Raleigh, Carolina del Norte, como parte de un esfuerzo para ayudar a las comunidades a estar preparadas para una redada.

 

Otra sesión en la Universidad de Nebraska, en Omaha, atrajo más de 75 personas, incluido Chuck Berendes, un abogado especializado en temas de inmigración que trabaja con Caridades Católicas en La Crosse, Wisconsin.

 

Cuando el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, según sus siglas en inglés) hizo una redada en la planta Agriprocessors en la vecina Postville, Iowa, en mayo del año pasado, Berendes tuvo que hacer frente a numerosos dilemas legales, tratar de encontrar personas detenidas y atender otros asuntos.

 

“Fue como si un tornado hubiese recorrido la ciudad, sólo que no había daños aparentes”, declaró, acotando que la gente se congregaba en la calle y trataba de ver qué se debía hacer.

 

Agregó que otras comunidades pueden vivir experiencias similares en el futuro.

 

“Sabiendo el caos que se genera, sería irresponsable no prepararse de algún modo”, sostuvo Berendes.

 

Además de las sesiones de entrenamiento, CLINIC trabaja con líderes comunitarios de Green Bay (Wisconsin), Jackson (Misisipí), Salina (Kansas), Pueblo (Colorado), Cincinnati, Boise (Idaho), Nueva Orleáns, Houston y Omaha, según Tanisha Bowens, coordinadora del Proyecto de Preparación y Respuestas para las Redadas de CLINIC.

 

Los arrestos en los sitios de trabajo han aumentado enormemente y en el 2008 llegaron a 6.287, más de diez veces los que hubo en el 2003.

 

El Congreso ha aprobado más dinero y personal para el ICE, cuyos agentes son cada día más eficientes en la detección y el arresto de indocumentados, según un portavoz de ese organismo, Tim Counts.

 

En el 2005, el ICE gastó 1.200 millones de dólares en la detención y deportación de indocumentados. Este año su presupuesto es de 2.500 millones de dólares. A Counts no le gusta el término “redada”. Dice que genera la impresión de que se trata de un episodio caótico, en el que los agentes irrumpen en un lugar y la gente sale corriendo.

 

“Hacemos todo lo posible para que las cosas no sean así. Nuestras operaciones son siempre metódicas, ordenadas, profesionales”, aseguró. ICE dice que también toma en cuenta aspectos humanitarios y deja en libertad a personas que tienen hijos. Pero Counts afirmó que las leyes de inmigración deben ser cumplidas igual que cualquier otra ley y que si una persona realiza alguna actividad ilegal, es de esperar que su familia sea afectada. “No hay ninguna diferencia entre alguien que viola las leyes de inmigración y un padre que no paga por la manutención de sus hijos o alguien que no paga sus impuestos”, expresó.

 

Las redadas pueden tener repercusiones enormes. Agriprocessors, por ejemplo, se declaró en bancarrota y atribuyó sus problemas económicos a la redada de mayo en su planta de Postville. También tuvo que cerrar una planta en Gordon, Nebraska. La planta de Postville era el principal empleador del pueblo, que alguna vez llegó a tener 2.300 habitantes.

 

En noviembre, las autoridades municipales dijeron que el pueblo enfrentaba un desastre económico y humanitario. Ese es el tipo de consecuencias que Bowens y otros quieren evitar. Los entrenamientos no tienen por objetivo burlar los arrestos, sino más bien preparar a las comunidades para enfrentar las repercusiones. Por ejemplo, se recomienda tener a mano los documentos que se puedan necesitar y se explica los alcances de los procesos legales que se inician.

 

A Bowens no le sorprende que Schrader sienta que no está preparada para encarar una redada. “Creo que muchas, muchas comunidades sienten lo mismo”, señaló.

 

Fuente: www.telemundo47.com

 


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La Plaza de Armas de Santiago, se ha transformado en el punto de encuentro de latinoamericanos que llegan cada a día a nuestro país con la esperanza de un futuro mejor. Millares de peruanos, argentinos, bolivianos, ecuatorianos y colombianos, que desde hace una década forman parte del paisaje de los chilenos.

Si quiere llamar por teléfono, comer comida típica peruana o simplemente divertirse, a un costado de La Catedral de Santiago se puede sentir como en Lima

Parte 1/5

Parte 2/5

Parte 3/5

Parte 4/5

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Los abogados de más de 600 niños estadounidenses presentaron hoy una demanda contra el presidente de EEUU, Barack Obama, para que suspenda las deportaciones de sus padres indocumentados hasta que se apruebe una reforma migratoria.

La acción judicial fue interpuesta en el Tribunal Supremo de EEUU por Nora Sandigo, de origen nicaragüense, defensora de los menores y directora ejecutiva de la Fraternidad Americana, una organización pro inmigrantes con sede en Miami.

“Los niños siguen sufriendo al ser separados de sus padres por culpa de las deportaciones y el presidente puede suspenderlas. Para eso existen procedimientos legales”, dijo Sandigo a Efe.

Uno de los procedimientos es precisamente elevar el caso ante el máximo tribunal del país y si este lo aprueba, Obama puede pronunciarse sobre el asunto.

“Esta demanda no es porque estemos en su contra, sino para que pueda utilizar su autoridad para emitir una orden ejecutiva que frene las deportaciones”, puntualizó la activista.

Entre los menores demandantes está Cecia Sosa, de 12 años, cuya madre se encuentra en un centro de Inmigración en Pompano Beach, al norte de Miami, desde el 19 de diciembre de 2008.

Sosa anunció que está dispuesta a iniciar una huelga de hambre la próxima semana, como medida de presión para que liberen a su madre nicaragüense.

“A mí no me importa morir con tal de que saquen a mi mamá de ese centro”, afirmó.

Katherie Ramírez, de 13 años, hizo un llamamiento a Obama para que evite la fragmentación de las familias hispanas, tal como le sucedió a la suya cuando su madre fue deportada a Colombia en 2007.

“Por favor, reunifique a las familias que la ley (de Inmigración) ha separado, porque es duro que un padre no esté con uno”, declaró Ramírez.

La niña ahora está con su padre y dos hermanos y clama el regreso de su madre “para que la familia esté unida de nuevo”.

Sandigo aseguró estar esperanzada en que Obama atienda las solicitudes de los menores, ya que “viene dispuesto a hacer grandes cambios sociales” y esos cambios los quieren ver en la comunidad de inmigrantes.

Alfonso Oviedo-Reyes, presidente de la Fraternidad Americana y abogado que preparó la demanda, explicó que la deportación de los padres indocumentados implica una violación a los derechos civiles de los menores.

Antes de 1996, los menores con padres en esa situación tenían el derecho de que un tribunal suspendiera la deportación para que sus progenitores resolvieran su estatus migratorio si demostraban que estaban en el país más de siete años, tenían carácter moral y el sufrimiento de los niños por la ausencia de ellos, detalló el abogado.

“Ese derecho lo tuvieron por casi 40 años, pero con la reforma migratoria de 1996 se lo quitaron y no le dieron nada a cambio. El Congreso cerró todas las avenidas para obtener una residencia legal y por eso es que ha aumentado el número de inmigrantes indocumentados”, aseveró Oviedo-Reyes.

Pero los niños no sólo afrontan ese problema, tampoco pueden recurrir a los tribunales federales para interponer una demanda colectiva, porque los congresistas también eliminaron la jurisdicción de esas cortes en acciones judiciales conjuntas relacionadas con inmigración y la concentró en el Tribunal Supremo.

Por ello, los abogados de los demandantes han solicitado, asimismo, a esa corte que “ignore” la disposición y ordene a los tribunales federales que acepten ese tipo de demanda.

Si logran que el Supremo autorice su petición, pueden ampliar la demanda para que se sumen entre cuatro y cinco millones de menores en todo el país.

Una demanda similar fue presentada en 2007 contra el entonces presidente George W. Bush, los Departamentos de Justicia, de Seguridad Nacional y la oficina del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), pero fue rechazada por el Tribunal Supremo.

Sonia Osorio
Fuente: diario QUE de España – www.que.es

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El nuevo gobierno del presidente Barack Obama no debe postergar la reforma inmigratoria, señaló el martes en un editorial el diario New York Times.

 

El influyente matutino describió a través de relatos de inmigrantes cómo las “familias fueron aterrorizadas y divididas” por ser indocumentados, en los últimos años bajo el gobierno de George W. Bush.

 

“Familias como (éstas) han soportado una campaña inclemente de intimidación y expulsión, organizada en las altas esferas del gobierno federal y que fortuitamente ha sido delegada a los estados y a los gobiernos locales”, señaló el diario.

 

El Times se refirió a una información que público el lunes sobre el aumento del número de procesamientos por delitos de inmigración a nivel federal, que “se disparó en los últimos cinco años, sobrecargando los tribunales federales con casos menores como el cruce ilegal fronterizo, que son juzgados y sentenciados en grupos de 40 a 60 para una mayor eficiencia”.

 

Al mismo tiempo dijo que, los juicios por armas, crimen organizado, corrupción pública y drogas han descendido. El secretario de justicia de Arizona calificó la situación “como la abdicación nacional del Departamento de Justicia”.

 

A continuación destacó que la semana pasada el secretario de Justicia de Estados Unidos, Michael Mukasey, en una sorprendente decisión de último minuto, declaró que “los inmigrantes no tienen el derecho constitucional a tener un abogado en una audiencia de deportación y por lo tanto no tiene derecho de apelar sobre la base de una mala representación legal.”

 

Mukasey– agregó el diario– revirtió una práctica de varias décadas que había sido diseñada para garantizar una robusta protección constitucional a los inmigrantes, “algo que ahora se necesita más que nunca en los días del gobierno de Bush, cuando los procesamientos se manejaron como si se tratase de una fábrica”.

 

El New York Times mencionó el hecho de que la reforma inmigratoria no fue tema central de campaña del presidente electo Barack Obama en las elecciones generales. Pero agregó que Estados Unidos no puede afrontar que el hecho de que la inmigración sea postergada y que se siga con la política del actual régimen.

 

“Los costos son muy altos para los principios del país. Y son demasiado altos para la economía”, agregó.

 

Fuente: www.telemundo47.com

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El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha decidido que los inmigrantes que enfrentan deportación no tienen derecho a un abogado de oficio y si contratan uno privado deben hacerlo sin que ello signifique gastos para el gobierno.

 

Igualmente, ha decidido que esos inmigrantes -indocumentados, solicitantes de asilo y los demás- no tienen garantizado el derecho de reapertura de sus casos si el alegato es que sus abogados no han ejercido una defensa apropiada.

 

El secretario de Justicia Michael Mukasey tomó las decisiones el miércoles, según un documento publicado en la página electrónica de esa agencia, e inmediatamente fueron criticadas por grupos de defensa de inmigrantes, que alegan que así se está poniendo fin a “décadas de práctica legal establecida”.

 

“Estamos consternados por esta acción”, dijo Nadine Wettstein, directora del centro de acción legal de American Immigration Law Foundation (Fundación para las Leyes de Inmigración de Estados Unidos). “Con esta decisión, el gobierno intenta minar el derecho de los inmigrantes a una audiencia justa sobre si deben ser expulsados o no del país”.

 

Wettstein expresó su sorpresa por el hecho de que la decisión fuera tomada apenas dos semanas antes de que el actual gobierno termine sus funciones, ya que será reemplazado por el que encabezará Barack Obama el 20 de enero.

 

“Disentimos de los pronunciamientos del secretario de Justicia y confiamos en que a la larga las cortes federales rechazarán esta acción”, afirmó en una declaración escrita.

 

La decisión, contenida en 33 páginas, dice que la constitución no da a los extranjeros en proceso de deportación derecho a un abogado de oficio debido a que ese derecho sólo se aplica a casos penales, y los que se siguen a inmigrantes solamente son casos civiles.

 

Los antecedentes para esa decisión, mencionados en el mismo documento, se basan en casos promovidos por Sylla Bangali, de Mali, y el mexicano Enrique Salas Compeán, quien ingresó ilegalmente a Estados Unidos en 1989 y está en proceso de deportación desde el 2004.

 

Fuente: CNN

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La crisis enciende la alarma de las microfinancieras hispanas en EU. Las perspectivas de que la falta de empleo pueda ocasionar el regreso de migrantes a sus países o la búsqueda de nuevos destinos, deja desprotegida a una industria que otorga créditos de entre 500 y 10,000 dólares ‘a la palabra’, pero a tasas que rondan 30 y 40% de interés.

 

De los 40 millones de hispanos en EU, 45.3% no tiene los documentos necesarios para abrir una cuenta bancaria, por ello, 8.5 millones son miembros de alguna unión de crédito, señala un estudio de la Liga de Uniones de Crédito de Texas.

 

El trabajo se acabó súbitamente. La mayoría tiene entre dos y cuatro meses sin empleo. “Usan sus ahorros para mudarse al norte (de EU) o al sur de Canadá. No van a México, prefieren quedarse para enfrentar la crisis”, afirma Efraín Jiménez, de la Federación de Clubes Zacatecanos del Sur de California. Estima que 20% de los zacatecanos está bajo una “severa presión por cumplir con sus pagos”.

 

En el ramo hipotecario, unas 800,000 casas de migrantes mexicanos en EU presentan problemas con sus hipotecas. “Ya se sabía que eran créditos de alto riesgo, pero no contemplaron que se vendría una recesión”, dice Carlos Villanueva, presidente de la Asociación Mundial de Mexicanos en el Exterior (AMME).

 

“Quienes damos crédito a migrantes corremos el riesgo de que se regresen a su país sin pagar, pero a la fecha no hemos sido impactados por esa situación”, afirma Rick Parras, presidente de la microfinanciera Apoyo Financiero.

 

Para Parras es difícil pensar en un Buró de Crédito transfronterizo, por las diferentes leyes y regulaciones de cada país. Corren el riesgo de que sus clientes se muden sin pagar.

 

La AMME ya instaló un área que oriente a los migrantes sobre cómo liquidar o renegociar sus créditos, o, incluso, presentar una declaración de bancarrota, antes de partir de EU. “No es cuestión nada más de irse, sino saber cómo proceder para no dejar un expediente abierto”, señala Omar Saavedra, director de la AMME en México.

 

Nora Vasconcelos

Fuente: CNN

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