Si no hubiera sido porque su familia no tenía qué comer en Guatemala, Mardoqueo Valle Callejas, un campesino de 37 años, no hubiera hecho el peligroso viaje por la frontera para entrar sin documentos a Estados Unidos y soportar las humillaciones que recibió cuando fue capturado y deportado recientemente.
“Nos sentimos muy tristes y adoloridos por la forma en la que nos trataron. Pero no tengo rencor. Le pido a Dios que les cambie el corazón para que no maltraten al ser humano”, dijo el hombre vía telefónica desde Guatemala, a dos meses de su deportación tras la mayor redada contra indocumentados realizada en el país.
Mardoqueo relató que cuando lo arrestaron como parte de un grupo de 389 trabajadores de una planta procesadora de carne kosher en Iowa, “nos trataron como si fuéramos delincuentes. No nos daban de comer y nos encadenaban para ir al servicio sanitario… y cuando nos deportaron, nos sacaron de Miami sin calzoncillos, ni zapatos. Fue triste. Me dan ganas de llorar al recordarlo”.
Pero la pobreza y el hambre no entienden de leyes, divisiones o castigos. Por eso, centenares de miles de latinoamericanos se exponen a morir en la travesía, a ser explotados en el trabajo o a ir a parar a la cárcel.
Se conforman con el sueldo mínimo y toleran que muchas veces no les paguen las horas extras, porque con ese dinero aunque poco, pueden dar alimentar, asegurar un techo y mandar a sus hijos a la escuela en su país natal.
“Espero que las autoridades de Estados Unidos tengan conciencia de que somos seres humanos, y que el pobre va a trabajar y no a hacer daño al país”, dijo en tono melancólico Mardoqueo, quien aún no ha conseguido trabajo y que perdió su casa, al empeñarla para pagar el viaje que hizo a EEUU hace tres años.
Aunque la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha reiterado que se limita a cumplir las leyes y que cuando los indocumentados se arriesgan a ser arrestados y deportados, cientos de organizaciones proinmigrantes y religiosas del país han solicitado una reforma migratoria justa, que proteja las fronteras pero que, al mismo tiempo, les otorgue alguna forma de legalidad a estas personas.
La idea es que se les permita trabajar en EEUU –que también necesita mano de obra– y se eviten los abusos y violaciones de sus derechos civiles y humanos.
“El gobierno malgasta recursos en perseguir a inmigrantes trabajadores que no representan ningún peligro, en lugar de estar tras los verdaderos criminales y terroristas”, comentó Cheryl Little, directora ejecutiva del Florida Immigrant Advocacy Center (FIAC), que esta semana denunció atropellos y brutalidad durante una redada en Homestead.
Marvin Pérez Gómez, otro guatemalteco de 27 años, no olvida aquella fría mañana del 12 de mayo, cuando los agentes del ICE entraron bruscamente a la planta de procesamiento de carne kosher en la que trabajó por dos años y medio.
Marvin y Mardoqueo estuvieron entre los trabajadores arrestados que tuvieron que cumplir una condena de cinco meses en prisión por posesión de documentos falsos.
“Yo colaboré en todo momento con los agentes de inmigración, pero los que corrieron por miedo fueron golpeados y amarrados… luego nos encadenaron, no nos dieron agua, ni comida sino hasta muy tarde, y nos hicieron pasar frío… yo fui descalzo porque me quitaron las botas de hule con las que trabajaba hasta que después me dieron unas sandalias de plástico”, denunció Pérez Gómez, vía telefónica desde Guatemala.
A dos meses de su llegada no ha encontrado trabajo en su país. Y cuando se le enferman sus hijas de 2 y 5 años, no tiene cómo llevarlas al médico.
Pese a todo, dice que haber vivido en EEUU fue “una buena experiencia” porque al menos tenía trabajo, aunque le pagaban $6.25 por hora, suficiente para juntar dinero y enviarlo a su esposa e hijas en Guatemala.
Ahora no sabe qué hacer ni dónde buscar sustento para su familia, cuya situación se deterioró aún más por los cinco meses en que estuvo en la cárcel.
“Yo iba del trabajo a la casa. No salía para no buscarme problemas. Además no tomo ni tengo vicios”, afirmó Pérez Gómez.
Erik Camayd-Freixas, profesor de la Universidad Internacional de la Florida (FIU) e intérprete federal certificado, confesó en un ensayo personal que hizo sobre la redada en Iowa el dilema de tener que trabajar para el gobierno, y al mismo tiempo presenciar irregularidades por la forma en que fueron tratados estos inmigrantes.
Escuchó historias de sufrimiento humano, de hambre, pobreza y miseria de gente humilde que apenas sabía hablar español, y que sólo vino con la intención de subsistir.
Es lo que Camayd describe “como una de las procesiones más tristes que he presenciado, y que el público nunca verá porque las cámaras de televisión no están permitidas…”, cuando vio pasar a cientos de inmigrantes encadenados.
Cuando a uno de los guatemaltecos detenidos, que lloraba desconsoladamente, se le preguntó cómo vino llegó a Estados Unidos, respondió: ” ‘Caminando. Caminé por un mes y 10 días hasta que crucé el río’. Comprendimos inmediatamente lo desesperante que su situación familiar pudo haber sido”, dijo Camayd en su ensayo.
“Su caso y el de millones de otros podría resolverse fácilmente con un permiso de trabajo temporal, como parte de la reforma migratoria que tanto se necesita”, concluyó el profesor.
Foto: Un oficial de Inmigración y Control de Aduanas prepara las esposas y grilletes para trasladar a un inmigrante indocumentado
