Más de 300,000 hombres, mujeres y niños inmigrantes son detenidos anualmente por la Fuerza de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) y encarcelados en 400 centros alrededor del país a un costo de 1,200 millones de dólares al año.
Desde 1996, el entonces Congreso Republicano pasó y Bill Clinton firmó, la Ley de Reforma de Inmigración y Responsabilidades del Inmigrante, que permite la detención y deportación de personas que tengan cargos menores que conlleven una pena de un año y un día. El extranjero se convierte así en uno deportable mientras su caso es evaluado por un juez de inmigración. Hoy, entre el centro de detención de El Paso, Texas y los centros de detención de Otero, Nuevo México, hay más de 3,500 detenidos, esperando, muchos por más de seis meses, a que un juez decida su suerte.
En El Paso el juzgado de inmigración se encarga de procesar los casos de casi todo ese Estado y de Nuevo México y la representación legal es escasa.
“Sólo somos tres organizaciones sin ánimo de lucro que damos representación legal a bajo costo o gratis a inmigrantes, pero la necesidad es inmensa”, dice Iliana Holguín Directora de Las Oficinas Diocesanas para Inmigrantes y Refugiados. Esta oficina cuenta con 5 abogados que prestan servicios en el centro de detención de El Paso y en los dos centros de detención en Otero en Nuevo México. “Nosotros manejamos 1,500 casos por año”, dice Holguín.
“Son demasiadas personas que necesitan representación legal y no podemos a ayudarlos a todos”, revela el abogado, Eduardo Beckett, de la Organización de Las Américas, quienes se dedican a representar a inmigrantes en busca de asilo.
El Paso es una de las cuatro ciudades más pobres de EE.UU., no hay una facultad de derecho donde se puedan hacer clínicas de inmigración, los fondos son difíciles de conseguir y los abogados independientes que hacen trabajo gratuito son muy pocos.
En Nuevo México, hay dos centros de detención, no hay juzgado de Inmigración y sólo está la abogada Jenny Landau trabajando para Los Servicios Diocesanos, dando representación legal a los detenidos cerca de Albuquerque Nuevo México.
La doctora Landau dicta una clase de derecho de migración en la Universidad de Nuevo México, en Albuquerque, para aumentar el número de abogados que en el futuro puedan dar representación gratuita.
“Están trayendo muchísimos detenidos de Pensilvania, Nueva Jersey y Nueva York”, revela Ida Marcela García, Directora de la Organización de Vecindarios Unidos (UNO) la tercera organización que da servicios legales en el Paso, Texas. “Es muy difícil representarlos, su familia está lejos y en casos de necesitar testigos, imagínese”, destaca García.
El traslado de detenidos por parte de ICE está siendo investigado por el grupo defensor de Derechos Humanos, Human Rights Wacth. La asistente de dirección de esta organización en los Estados Unidos, Alison Parker, explica que el traslado de detenidos representa una violación a su derecho a tener acceso a representación legal. “Es un derecho tener acceso a servicios legales sin costo para el gobierno”, explica Parker.
En ciudades grandes, como Nueva York, es más factible que los detenidos encuentren representación legal a bajo costo, explica Parker. Sin embargo, ICE está trasladando a los detenidos a centros de detención en Louisiana, Nuevo México y Texas.
Según la asistente de la secretaría de ICE, July Myers, la agencia está haciendo los traslados para ahorrarle dinero al gobierno federal y explica que es menos costoso que construir centros de dentición en Texas y Louisiana.
El costo de un detenido inmigrante es de 95 dólares por persona al día.
Fuente: www.eldiariony.com
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