Blog del Migrante

Muchos inmigrantes que residen en Estados Unidos creyeron que la situación de los extranjeros indocumentados mejoraría con los demócratas en la Casa Blanca y por eso le dieron su voto a Barack Obama. Un año después se han llevado una terrible desilusión: la expulsión de los sin papeles se disparó en un 50% en comparación con el 2008, bajo el gobierno del republicano George W. Bush.

Así lo denunciaron ayer grupos de defensa de inmigrantes en Estados Unidos, que piden a gritos a Obama que se comprometa a sacar adelante una reforma migratoria.

Angélica Salas, directora de la Coalición por los derechos de los inmigrantes de Los Ángeles (Chirla, sigla en inglés), explicó que durante el año 2009, 387,790 personas fueron deportadas de Estados Unidos.

Un año antes, las deportaciones fueron 264,503.

Beneficios económicos. Pramila Jayapal, directora de la organización One America, afirmó que concretar una reforma migratoria que legalice a los 10.8 millones de indocumentados que viven en Estados Unidos traería beneficios económicos al país.

Y citó un reciente estudio del Centro por el Progreso, cercano al Partido Demócrata y partidario de la reforma, en el que se afirma que Estados Unidos crecería anualmente un 0.84% suplementario si el Congreso la aprobara.

Obama ha ofrecido impulsar este año la reforma migratoria en el Congreso, donde iniciativas similares fracasaron en 2006 y 2007. La Casa Blanca ha admitido que no están los votos necesarios para aprobar la reforma. (diario Correo – Perú)

La iniciativa republicana para prohibir la ciudadanía automática a niños nacidos en EE.UU. de padres indocumentados es un ejercicio de retórica que viola la Constitución y que, si es aprobada, nos regresaría a prácticas comunes durante la era de la esclavitud.

No es la primera vez que algunos republicanos, y grupos conservadores afines, quieren abolir la ciudadanía automática a niños nacidos en Estados Unidos de inmigrantes sin papeles.

La idea cobró fuerza durante la década de 1990 y, de hecho, fue incluida en la plataforma del Partido Republicano en 1996, pero no prosperó porque viola la 14 enmienda de la Constitución.

Sólo que ahora, frente a la crisis económica que sigue golpeando a las clases media y trabajadora en EE.UU., sus promotores insisten en que es urgente eliminar los resquicios e incentivos de la inmigración ilegal.

La iniciativa que promueve el legislador republicano Gary Miller se conoce en inglés como ‘LEAVE Act’, que en español se traduce en una orden para que los inmigrantes se vayan.

El proyecto de ley incrementa los recursos para la policía local y los agentes fronterizos en contra de esos inmigrantes.

Según explicó recientemente Miller, la medida es la “mejor solución” a los problemas que aquejan al país, en unos momentos en que más de 15 millones de estadounidenses están desempleados mientras “siete millones de indocumentados” sí tienen trabajo.

Miller asegura que su medida reduciría en más de la mitad la población indocumentada en cinco años y crearía siete millones de puestos de trabajo para los ciudadanos y residentes legales, al cerrar el grifo en el mercado laboral a los indocumentados.

Quienes apoyan el proyecto de ley señalan que sólo buscan modificar una ley federal de inmigración y así “esclarecer” la interpretación de la 14 enmienda.

Pero éstos no lo tendrán fácil porque esa enmienda, ratificada en 1868, establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y por tanto sujetas a su jurisdicción, son ciudadanas de Estados Unidos y del estado en que residen”.

Esa enmienda fue ratificada precisamente para resguardar los derechos civiles de los esclavos que obtuvieron su libertad tras la Guerra Civil.

Desde entonces, EE.UU. concede la ciudadanía automática a quienes nacen en este país, sin importar el estatus migratorio de sus padres.

Eso molesta a grupos conservadores que, con argumentos económicos y hasta medioambientales, aseguran que las indocumentadas vienen a EE.UU. para tener a sus hijos acá y que éstos, a costas de los contribuyentes estadounidenses, tengan los mismos derechos, beneficios y privilegios que los ciudadanos y residentes legales.

A menos que el Congreso actúe, por ahora el Gobierno puede retirar la ciudadanía a quienes se han naturalizado sólo en casos excepcionales, normalmente relacionados con inmigración.

En general, los estadounidenses tienen que renunciar formalmente a su ciudadanía para perderla, y el proceso comienza con una carta al Departamento de Justicia.

La medida de Miller, de ser aprobada, sólo concedería la ciudadanía si al menos uno de los padres del niño es ciudadano, residente legal o miembro de las Fuerzas Armadas de EE.UU.

La legislación no afectaría a los niños que nacieron antes de su puesta en marcha.

El Congreso también sigue dividido sobre el futuro de una reforma migratoria integral, complicado también por el reciente activismo de los conservadores del llamado “Tea Party”, que se oponen a una “inmerecida amnistía” para los indocumentados.

La comunidad inmigrante saldrá a las calles en una manifestación nacional el próximo 21 de marzo para recordarle al presidente Barack Obama la promesa que hizo en 2008 y a los demócratas en el Congreso su compromiso con la reforma migratoria. (El Diario - New York)

El gobierno estadounidense propuso el jueves aumentar los salarios y reforzar las medidas de seguridad en el trabajo de los braceros agrícolas temporales, alterando la política de su predecesor que según los sindicatos fomentaba la mano de obra barata en detrimento de la contratación de estadounidenses.

El Departamento del Trabajo propuso normas que, entre otras cosas, requeriría a los terratenientes agrícolas esforzarse en contratar mano de obra nacional para las tareas de recolección antes que acudir a los braceros extranjeros.

En los últimos años miles de braceros extranjeros han sido contratados con ese fin. Los propietarios de empresas agrícolas se han opuesto al Programa H-2A de Trabajadores Invitados desde que la Casa Blanca intentó alterar las normas el año pasado.

Los propietarios sostienen que las nuevas normas encarecerán y complicarán la contratación de braceros extranjeros para trabajos físicamente muy duros que los estadounidenses no quieren hacer. Empero, los sindicatos y los grupos activistas que defienden a los braceros sostienen que las normas aprobadas durante el gobierno de George W. Bush abarataron los salarios y dificultaron que los trabajadores estadounidenses cubrieran esos empleos.

Una demanda presentada el año pasado por los propietarios de explotaciones agrícolas impidió al Departamento del Trabajo suspender de inmediato las normas de Bush y obligó a las autoridades a emprender un camino más largo de audiencias periodos para formular comentarios.

Las nuevas normas, que entrarán en vigencia el 15 de marzo, aumentarán el salario medio de los braceros agrícolas temporales un dólar por hora. Además, los propietarios de instalaciones agrícolas deben inscribir los empleos disponibles en un registro electrónico para asegurarse de que los trabajadores estadounidenses pueden solicitarlos primero.

La secretaria del Trabajo Hilda Solís dijo que los cambios reflejan el compromiso del gobierno “de salarios justos y sólidas salvaguardias laborales para los grupos laborales más vulnerables”. Bajo las nuevas normas, por ejemplo, los organismos estatales de trabajo deben examinar la calidad de los alojamientos de los braceros temporales antes de que el patrono pueda obtener permiso para importar trabajadores extranjeros.

Los propietarios habían pedido al gobierno de Bush que facilitara la contratación por considerar las normas demasiado engorrosas, hasta el punto que algunos propietarios dejaban que se pudrieran las cosechas en los campos al no poder encontrar trabajadores cuando los necesitaban.

Las nuevas normas conservarán parte de esa agilidad, pero no en la medida suficiente según los cultivadores. “El balance es que veremos una gran reducción en la utilización del programa H2-A, especialmente entre los propietarios más modestos”, dijo Jason Resnick, asesor legal de la Asociación de propietarios Agrícolas Occidentales, con sede en la localidad californiana de Irvine. “Habrá más contratación fuera de las áreas y el traslado de la producción al extranjero, donde hay más trabajadores disponibles”. (Telemundo)

Agentes federales allanaron una decena de compañías de autobuses en Houston a las que se acusa de transportar inmigrantes indocumentados por todo el país como parte de enormes redes de contrabando humano, se informó el viernes.

Funcionarios de la agencia de inmigración y aduanas ICE dijeron que 14 empresas fueron el blanco de las redadas, incluida una que encerraba a los inmigrantes en un depósito vigilado por hombres armados y perros.

El secretario adjunto de la ICE, John Morton, dijo que 22 personas fueron acusadas de asociación ilícita para transportar a inmigrantes ilegales, cargo que comporta como máximo 10 años de prisión y multas por 250.000 dólares. Agentes de la ICE detuvieron a 81 presuntos indocumentados.

Morton dijo que las compañías cobran hasta 650 dólares por un boleto de ida y pagan 200 a 300 dólares a los contrabandistas por cada inmigrante. Según el funcionario, Houston se ha convertido en un centro de distribución, y las redadas fueron la culminación de tres meses de investigaciones. (Telemundo)

Un año después de la elección del presidente Barack Obama, los hispanos están considerados como el grupo étnico más discriminado y son poco optimistas respecto a las relaciones interraciales en el país, reveló una encuesta difundida el martes.

El sondeo del Centro de Investigación Pew mostró que el optimismo ha aumentado entre los afroestadounidenses. Sin embargo, un 23% de los que respondieron en la encuesta opinan que los hispanos son discriminados “mucho”, comparado con el 18% que lo piensa de los afroestadounidenses, el 10% de los blancos y el 8% de los asiáticos.

Los hispanos son también menos optimistas que otros grupos respecto a las relaciones interraciales.

Cuando se le preguntó a los blancos o afroestadounidenses cómo se relacionan con los hispanos, éstos contestaron “bien” o “muy bien”. Sin embargo, sólo un 50% de hispanos siente lo mismo.

En los últimos meses se han dado una serie de ataques a miembros de la comunidad hispana, que los activistas han descrito como delitos de intolerancia racial provocados por un ambiente de retórica en contra de los inmigrantes.

“Siento que el racismo en este país está muy afianzado”, dijo Carmen Febo-San Miguel, directora ejecutiva del centro cultural hispano Taller Puertorriqueño, en Filadelfia. La activista citó el caso de un inmigrante mexicano apaleado hasta morir en Shenandoah, Pensilvania.

“Todos hemos presenciado algunos de los esfuerzos para combatir el racismo, pero al mismo tiempo, aún vemos… esta increíble violencia, sólo por ser de otra raza, que está siendo perpetrada en contra de los hispanos”, dijo Febo-San Miguel. “Uno se pregunta cuán densas son esas raíces y lo difícil que será erradicarlas”, agregó.

Los hispanos tienen más posibilidades de creer que existe una discriminación significativa hacia ellos si nacieron en Estados Unidos.

Un 48% de hispanos nacidos en el extranjero contestaron que existe “mucho” o “algún nivel” de discriminación contra su comunidad, mientras que un 79% de hispanos nacidos en Estados Unidos se sintieron así.

Con respecto a la opinión que tienen varios grupos de Obama, un 22% de blancos y un 42% de hispanos dijeron que el presidente no presta suficiente atención a sus respectivas comunidades.

La encuesta se basó en las respuestas ofrecidas por 2.884 personas, incluidos 812 afroestadounidenses y 376 hispanos. El sondeo se realizó por teléfono entre el 28 de octubre y el 30 de noviembre de 2009. El margen de error es de más o menos un 3% para todos los grupos raciales, de un 3,5% para los blancos, un 4,5% para los afroestadounidenses y un 7,5% para los hispanos. (Telemundo)

La secretaria estadounidense de Seguridad Interior, Janet Napolitano, anunció ayer que Estados Unidos concederá a los residentes haitianos que están en situación irregular en su territorio el estatus especial de ciudadanos protegidos.

Con esto se les garantiza que no serán repatriados en los próximos 18 meses y se les facilitará un permiso inmediato de trabajo. Napolitano argumentó que hacer retornar a los inmigrantes a un país desvastado haría peligrar su bienestar.

Para evitar que una futura oleada de haitianos atraviesen el mar caribe en patera hacía la costa de Florida, ha advertido que los Guardacostas devolverán inmediatamente a Haití a cualquier inmigrante que recojan.

El próximo lunes, EE UU tendrá desplegados en Haití más de 10.000 militares, informa Yolanda Mongue. En 48 horas, la presencia castrense en la isla se multiplicará por 10.

 Las consecuencias del terremoto han desbancado cualquier otro tema de la agenda de la Casa Blanca. Ayer Obama compareció ante los medios con un aviso para hablar sólo de Haití. Recordó que, Estados Unidos, como vecino y amigo de Haití, prometió al presidente del país el pleno apoyo del pueblo norteamericano.

El presidente estadounidense aprovecho para recordar que la ayuda no es sólo cosa de EE UU, sino que es esencial que los esfuerzos sean coordinados junto al Gobierno haitiano y la ONU.

Obama remarcó la palabra “coordinación” para salir al paso del estado de opinión que ve este despliegue militar como una fuerza ocupante. Robert Gates, secretario de defensa, declaró ayer que para el pueblo haitiano es un “alivio”.

Fuente: diario El País de España

En los últimos años, varios reportajes en la prensa norteamericana han levantado dudas sobre el trato que reciben los inmigrantes en los centros de detención gubernamentales, denunciando que los informes públicos no recogen las muertes de muchos inmigrantes.

Un artículo publicado este sábado por The New York Times aporta pruebas de que las muertes de varios inmigrantes fueron provocadas por malos tratos, y que los responsables de los centros intentaron esconder la verdad a la familia, y la opinión pública.

El nuevo reportaje del Times se basa en los documentos obtenidos gracias a una demanda del periódicos y la American Civil Liberties Unión acogiéndose a la Ley de la Libertad de Información, y hace referencia a los 107 decesos de inmigrantes bajo la custodia de la Immigration and Customs Enforcement (ICE), una agencia creada en 2003 dentro de la Secretaría de Seguridad Interior.

Los documentos muestran que los responsables de la agencia ocultaron evidencias sobre malos tratos para evitar el escrutinio de los medios de comunicación. A veces, estos responsables llegaron a ser cuestionados sobre casos concretos, y negaron tener información al respecto, cuando habían ya realizado informes al respecto.

En varios de los casos citados por el rotativo neoyorquino, los inmigrantes murieron al haber sido privados de trato médico elemental. Por ejemplo, al salvadoreño Nery Romero, de 22 años, le fueron negados calmantes para reducir su dolor, lo que, según un informe de la Oficina de Responsabilidad Profesional, habría sido uno de los motivos que le llevó a suicidarse.

El informe también descubrió que se había falsificado un parte médico para hacer creer que se le había sido administrado un calmante antes de su muerte. Sin embargo, ninguno de estas informaciones salió a la luz pública, o fue notificada a la familia de Romero, residente en Rhode Island, Nueva York.

Otro de los casos documentados es el de Boubacar Bah, un inmigrante de Guinea de 52 años. Bah murió en mayo del 2007 como consecuencia de las lesiones derivadas de una probable paliza que recibió en un centro de detención. En concreto, sufrió una fractura de cráneo, y la ambulancia no llegó hasta 13 horas después de la lesión, cuando ya estaba en coma. En este caso, a los primos del inmigrante, residentes en Nueva York, también les fue ocultada la verdad.

Los actuales responsables del ICE aseguran que se han adoptado las medidas necesarias para que se vuelvan a evitar estos casos. Sin embargo, el Times muestra su escepticismo, ya que es la propia agencia la que se encarga de revisar la actuación de sus funcionarios, y no profesionales externos.

La administración Obama ha prometido un reforma profunda del sistema de detención de los inmigrantes para hacerlo ‘más humano’, pero aún no ha presentado aún ningún plan concreto para llevarla a cabo. A causa del acoso de las organizaciones de derechos civiles, el gobierno se vio obligado a reconocer el pasado mes de agosto que se había ocultado más de una de cada diez muertes producidas en centros de detención de inmigrantes en una lista enviada anteriormente al Congreso.

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Weekly Address: Celebrating Christmas and Honoring Those Who Serve

El cerco virtual que erige el gobierno estadounidense en la frontera con México está lentamente convirtiéndose en una realidad: en enero se hará entrega de un primer tramo a la Patrulla de Fronteras y pronto comenzará la construcción de otro trecho.

El gobierno piensa instalar una red de cámaras, sensores y radares a lo largo de la mayor parte de los 3.200 kilómetros (2.200 millas) de frontera común y ha dicho que aprovechará la experiencia recabada en la construcción de los dos primeros segmentos en Arizona para decidir dónde y cuando instalar los demás, y tener una mejor idea de cuánto tiempo toman las obras.

Las autoridades calculan que se requerirán 6.700 millones de dólares para completar el cerco virtual hacia el 2014.

“Queremos tomarnos nuestro tiempo para analizar si esto realmente vale la pena o no”, comentó Mark Borkowski, director del proyecto. “¿Es una forma adecuada de gastar el dinero? ¿O hay otras soluciones más sensatas? Tal vez se justifique esto en algunos sectores de la frontera, pero no a lo largo de toda su extensión”.

Según los planes actuales, cuando estén funcionando los dos tramos a lo largo de 85 kilómetros (53 millas) en el sur de Arizona, el paso siguiente será autorizar la construcción en los otros 600 kilómetros (375 millas) de frontera en este estado, que representa el principal punto de ingreso de indocumentados y una importante escala en el tráfico de marihuana.

El cerco virtual consiste en una red de torres equipadas con cámaras, sensores y radares, que permiten que una cantidad reducida de personas puedan vigilar lo que sucede en la frontera a través de monitores. Esas personas estarán en condiciones de observar de cerca cualquier movimiento y determinar si se trata de animales o seres humanos. Si son personas, enviarán agentes al lugar.

El cerco es un proyecto elaborado durante la presidencia de George W. Bush hijo que busca reforzar las medidas de seguridad en la frontera.

El gobierno y las firmas contratadas dicen que están haciendo grandes progresos luego de sufrir algunos traspiés en la etapa inicial del proyecto.

En el sur de Arizona funciona un prototipo de cerco virtual desde hace dos años. Pero el primer tramo permanente, de 37 kilómetros (23 millas), cerca de Sasabe, Arizona, será entregado a la Patrulla de Fronteras en enero para realizar experimentos, si todo sale como está planeado. El gobierno espera iniciar la construcción de un segundo tramo de 48 kilómetros (30 millas) al sur de Ajo en cuanto se completen algunos trámites burocráticos relacionados con el medio ambiente.

El proyecto ha recibido críticas por las demoras y porque se comprobó que el prototipo de muro virtual de 45 kilómetros (28 millas) no estaba funcionando como correspondía. Esto hizo que el gobierno retuviera algunos pagos a la empresa contratista Boeing. El prototipo será reemplazado por el primer tramo permanente.

Borkowski, quien asumió la dirección del proyecto cuando comenzaron a llover las críticas, dice que es fácil responsabilizar a Boeing por los problemas, pero que el gobierno comparte buena parte de la culpa.

El gobierno dejó que Boeing decidiese qué se necesitaba, sin consultar a la Patrulla de Fronteras, indicó Borkowski.

“Dijimos que íbamos a instalar un sistema que le encantaría a todo el mundo y que cuando lo pusiésemos a funcionar, todo saldría a la perfección y la Patrulla de Fronteras estaría feliz. Pero las cosas no se dieron así”, expresó Borkowski.

Agregó que no estaba del todo satisfecho con el trabajo de Boeing, pero que había habido mejoras en los últimos meses.

Tim Peters, vicepresidente de Boeing, sostuvo que los proyectos grandes y complejos como este siempre registran algunos tropiezos y que la compañía ya tiene todo bajo control.

“Es como cuando en Navidad los hijos y los nietos reciben cajas de Lincoln Logs, Legos y Tinkers, y uno debe descifrar como usarlos a todos al mismo tiempo”, manifestó. “Los Legos a veces no encajan en los Tinker Toys y los Tinker Toys no funcionan con los Lincoln Logs”.

Ira Mehlman, de la Federación para una Reforma Migratoria (Federation for American Immigration Reform), que quiere que se hagan cumplir al pie de la letra las leyes de inmigración, dijo sentirse confiado de que se construirá un cerco virtual a lo largo de toda la frontera y que las demoras en las obras indican que el gobierno no se toma en serio el proyecto.

“Habrá más confianza (en el proyecto) cuando haya algo que funciona y ayuda a impedir al ingreso de personas” sin papeles, manifestó Mehlman

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El Gobierno estadounidense anunciará el lunes los detalles de una campaña con la que tratará de presionar a los bancos para que reduzcan las cuotas de las hipotecas a los ciudadanos con problemas para hacer frente a los pagos, informó en una entrevista a The New York Times Micheal Barr, asesor del secretario para asuntos financieros del departamento del Tesoro de Estados Unidos.

A pesar de que los prestatarios han acelerado el pago de sus hipotecas en los últimos meses, existen evidencias de que el plan estatal de 75.000 millones de dólares (unos 50.000 millones de euros) para la refinanciación de hipotecas se está yendo a pique, dice el rotativo neoyorquino.

“Los bancos no están haciendo un trabajo lo suficientemente bueno”, dice el asesor del Tesoro

Una gran cantidad de las solicitudes para acogerse a este plan se encuentran estancadas por la actitud de los bancos, que se muestran reticentes a modificar las hipotecas ya contratadas.

“Los bancos no están haciendo un trabajo lo suficientemente bueno”, señaló Barr al diario. En concreto, dijo que el Gobierno hará públicos los nombres de las entidades que están actuando con lentitud para reducir las cuotas de las hipotecas.

“Muchas firmas deberían estar avergonzadas, y lo estarán”, aseguró Barr. La financiación estatal a los bancos se producirá una vez que se hayan hecho permanentes las rebajas en las cuotas hipotecarias y no a las que acepten la tramitación de las solicitudes. “No van a recibir ni un sólo centavo del Gobierno hasta que actúen”, añadió.

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